Por Miguel Ángel Vázquez.

Cuando existe un problema, lo importante es afrontarlo dentro de la legalidad y por derecho. No valen ni atajos ni soluciones demagógicas que sólo generan frustración. Y mucho menos cuando se trata de las administraciones públicas. Hago esta reflexión a colación de la proposición de ley presentada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el Parlamento de Andalucía para legalizar 1.600 hectáreas más de regadíos en el entorno de Doñana.

Una huida hacia adelante de estas tres fuerzas políticas que, desde el primer momento, sabían que estaban perpetrando un engaño a los agricultores de la zona y que dicha añagaza no conducía a ningún sitio porque se iban a topar con la Unión Europea y con la ley. El presidente Moreno Bonilla se escondió detrás del burladero de su partido para transitar por este camino rápido pero sin salida. Optó por la vía cobarde de lanzar como avanzadilla a su grupo parlamentario como si él no fuera el principal (ir)responsable de la maniobra.  

De manera inmediata, las autoridades europeas han alertado de la posible afectación a Doñana, la reserva natural más importante del Viejo Continente, han mostrado su preocupación en público en reiteradas ocasiones y han avisado de una cuantiosa multa a España por la irresponsabilidad manifiesta de Andalucía, cuyo pago correría a cargo de las arcas autonómicas. Hace unos días, la consejera de Agricultura de la Junta estuvo por Bruselas y, al parecer, le leyeron bien la cartilla por la imprudencia temeraria de los planes de su partido.

Los pronunciamientos contra el aumento descontrolado de los regadíos se suceden desde la comunidad científica. Un millar de investigadores y veinticinco sociedades científicas de toda España han suscrito un manifiesto en el que dan la voz de alarma por la amenaza que supone la proposición de ley para un enclave que ya sufre un “grado de deterioro alarmante”.

Veintitrés grandes cadenas de supermercados europeos han anunciado que si prospera esta iniciativa de las derechas se replantearán la compra de frutos rojos. El daño reputacional por una medida irreflexiva puede poner en jaque la principal fuente de ingresos de muchas familias de la provincia de Huelva, como es el ‘oro rojo’ de las berries. Se está poniendo en riesgo un patrimonio que es de todos y el sustento de mucha gente.

Moreno Bonilla está aún a tiempo de rectificar y evitar un perjuicio gravísimo a Doñana, a la población de su entorno, a nuestra imagen como país y a nuestra economía. Hay representantes políticos de la zona que consideran que los promotores de esta ampliación de regadíos han reabierto heridas que estaban cicatrizadas y se sienten estafados por la incertidumbre creada. Lo que tiene que hacer el presidente de la Junta es ordenar a su partido que retire el texto, iniciar un proceso de diálogo con el conjunto de administraciones y analizar lo que se puede mejorar siempre dentro del marco de la ley y a través de procedimientos reglados.

Si Moreno Bonilla no mueve ficha por cabezonería y/o por un supuesto interés electoral, la factura que pagaremos todos será alta y no sólo por la penalización que pueda venir desde Bruselas. Como canta Joaquín Sabina, al infierno se va por atajos.