En la provincia de Sevilla, los datos oficiales muestran un incremento de las agresiones al personal sanitario de un 30% en el primer semestre del año, aunque el Sindicato Médico estima que al menos un tercio de las agresiones que se producen nunca se denuncian
En el comunicado emitido por el SMA expresan que «la causa de este hecho es la ausencia de sanciones realmente efectivas a los agresores. El profesional que se expone a una represalia denunciando a su agresor, sufre un daño adicional cuando constata que la sanción es mínima o no se produce.
Estos hechos demuestran que nos encontramos ante un problema de una extraordinaria gravedad que el SAS no está sabiendo atajar. La Junta debe asumir que el Plan contra las agresiones al personal sanitario no está siendo eficaz y adopte medidas contundentes para la protección de sus trabajadores y el castigo a los agresores.
¿Se imaginan qué pasaría si una sola de estas agresiones se hubiese producido en un juzgado o en las dependencias de cualquier sede oficial de la Junta de Andalucía? ¿Cómo es posible que hayamos normalizado las agresiones prácticamente diarias al personal sanitario? ¿Tiene que ocurrir una desgracia aun mayor para que la Junta se tome en serio este? ¿Cómo es posible que un paciente acceda a un centro sanitario con un arma blanca? ¿Cómo puede entenderse que uno de nuestros sistemas de protección consista en avisar a través del ordenador a los compañeros que se encuentran en las consultas adyacentes?
Los trabajadores sanitarios de la Junta de Andalucía nos encontramos desprotegidos ante los agresores y estos no reciben una sanción realmente disuasoria por atacarnos física o verbalmente. Resulta imprescindible reforzar los equipos de seguridad en las áreas más conflictivas, en las que incluso sería necesario instalar arcos de seguridad. Deben producirse los cambios arquitectónicos necesarios para que las consultas no se conviertan en ratoneras en las que el agresor se interpone ante la única escapatoria del profesional agredido. Es necesario que se produzcan cambios normativos y jurídicos que permitan sancionar con más dureza a los agresores, en muchos casos reincidentes.
Por último, es imprescindible que la Junta proteja y ampare sin paliativos a los profesionales agredidos. Para ello debería realizar denuncias de oficio contra los agresores y adoptar medidas para que las agresiones verbales tengan la consideración de accidente laboral y de atentado contra la autoridad. Ambas consideraciones se ven dificultadas por incomprensibles trabas formales relacionadas con la acreditación de “lesiones psicológicas” en el profesional agredido.
Por desgracia, aunque la Junta proclama su voluntad de proteger el personal sanitario de las agresiones, en la práctica se resiste endurecer el castigo a los agresores y a mejorar la protección física, administrativa, laboral y jurídica de los profesionales agredidos. Esta actitud, tibia hacia el agresor y negligente en materia de prevención de futuras agresiones, resulta cada día más difícil de explicar y se suma a las fuentes de desánimo y desapego de nuestros profesionales hacia el sistema sanitario público», finaliza el comunicado emitido por el Comité Ejecutivo del SMA.