El pasado 15 de mayo el Ministerio de Hacienda autorizó la ampliación de la zona franca de Sevilla solicitada en junio de 2017. La ampliación del recinto de la zona franca solicitada pretende incluir a las empresas del sector metalmecánico instaladas en el polígono del Puerto de Sevilla correspondiente a los antiguos astilleros, –GRI Towers, Tecade, Megusa, Ditecsa, Astilleros del Guadalquivir, Gmetal y Apimosa–, para que las mismas se sumen a las seis empresas ya abarcadas por el recinto fiscal; Sevitrade, Jannone, Hispalense de Líquidos, Transformados Huévar, la Terminal Portuaria Esclusa y Cuadros Eléctricos Nazarenos y a la futura planta de la farmacéutica VIR.
Según la orden ministerial, la ampliación de la zona franca «entrará en funcionamiento desde la fecha en que se haya completado el cierre perimetral».
En una reciente entrevista a Alfredo Sánchez-Monteseirín, concedida a sanguino.pro, el delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla asegura que esta autorización supone » un salto de gran envergadura no solo cuantitativo (pasando de 719.876 a 1.155.822 de metros cuadrados) sino cualitativo en beneficio de la economía productiva (de 7 a 12 empresas). Sin la ampliación lograda, además, la Zona Franca no resultaba viable y estaba condenada al cierre». «Supondrá un beneficio mayúsculo para las empresas ubicadas en estos parques industriales y para las nuevas que se incorporen al recinto».