El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha señalado que la medida impulsada en Consejo de Ministros beneficia tanto a los nuevos trabajadores como a las empresas locales, que “también ganan seguridad jurídica en sectores clave”

Entre los requisitos, los solicitantes deberán estar exentos de antecedentes penales y deben residir en España con anterioridad

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha valorado de forma muy positiva el inicio de la tramitación del Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas migrantes que ya se encuentran en España, una medida impulsada hoy en Consejo de Ministros y sobre la que Toscano ha subrayado que permitirá que “las personas extranjeras que ya se encuentren en España se incorporen plenamente como sujetos de derechos y obligaciones, con seguridad jurídica y con la posibilidad de trabajar legalmente”.

El subdelegado ha puesto el foco en el impacto económico que esta medida tendrá en la provincia, “donde se reducirá la economía sumergida gracias a que esta regularización introduce fuerza laboral ya existente, formada y arraigada, que podrá trabajar con plenas garantías y contribuir al crecimiento económico y a la cohesión social de Sevilla”, ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia.

Asimismo, Toscano ha señalado que la medida no solo beneficia a los nuevos trabajadores, sino que “las empresas de Sevilla también ganan seguridad jurídica en sectores clave donde los empresarios llevan años trasladando una demanda histórica de trabajadores”.

Requisitos

El Real Decreto establece dos grandes colectivos beneficiarios: Las personas solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y las personas que acrediten un mínimo de cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025. Entre los requisitos, se incluye no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. La permanencia en España podrá acreditarse mediante cualquier documento público o privado, o una combinación de ambos, facilitando el acceso al procedimiento.

La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año. El plazo máximo de resolución será de tres meses, pero la mera admisión a trámite —que se resolverá en un máximo de 15 días— permitirá a las personas beneficiarias empezar a trabajar desde el primer día. Se prevé que las solicitudes puedan presentarse a principios de abril, una vez completados los trámites preceptivos, y el procedimiento permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.