Por Miguel Ángel Vázquez.
En 1920 se prohibió la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. A través de una enmienda a la Constitución con una enorme carga de moralina se ponía fin al “demonio de la bebida” y se abría “una era de ideas claras y limpios modales”, en palabras de su impulsor, el senador Andrew Volstead. No se penalizaba el consumo aunque se ponía muy difícil el acceso. En el cine encontramos momentos memorables de estos convulsos años veinte del siglo pasado, de mercado negro, de peleas entre clanes rivales y de las andanzas de personajes míticos como Al Capone.
Me han traído a la memoria la ‘ley seca’ y las trastiendas de los restaurantes italianos de Chicago en esa época la decisión de la Junta de Andalucía de prohibir la venta de alcohol a partir de las 18:00 horas. El presidente Moreno Bonilla y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quieren ir de intocables de Elliot Ness contra el Covid y se les ha ido la mano con una decisión desproporcionada y absurda. Si lo que quieren es velar por nuestra salud, se les agradece. Aunque parece que pretenden matar moscas a cañonazos. El objetivo, según nos cuenta la propia administración andaluza, es evitar el consumo de alcohol en la calle, los famosos botellones. Lo tienen fácil: persíganlos y multen a quienes incumplan la legislación vigente. Ésta es una forma de socialización que no está autorizada ni en tiempos de normalidad, menos aún en estos momentos de pandemia, de contagios disparados, de UCI saturadas y de dolorosos partes diarios de muertes.
Sin hacer apología del consumo, si se bebe hay que hacerlo siempre con moderación, por el abuso de unos pocos, se castiga al conjunto de la población. Una reprimenda de corte supuestamente ejemplarizante que resulta difícil de explicar. No alcanzo a encontrar una razón, quizá ande corto de entendederas, que justifique este desvarío. Se transmite una sensación de impotencia y de no saber a ciencia cierta cómo reducir el impacto del coronavirus en la sociedad andaluza. De esta forma, se acrecienta el desconcierto, la inseguridad y el malestar (ojo con esto) del conjunto de la ciudadanía. En términos políticos es una medida controvertida y en términos jurídicos supone un nuevo recorte de libertades que, sin ser experto en Derecho, podría tener difícil encaje en nuestro marco constitucional. Basta remitirse a la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligando a la reapertura de la hostelería.
Además, en términos económicos, el Gobierno de Andalucía le asesta otro golpe al comercio. Seguramente las grandes cadenas no lo notarán mucho, pero los pequeños establecimientos, los desavíos o las tiendas de barrio verán caer sus ingresos por esta medida difícil de entender. Si lo hacen como los malos árbitros para compensar medidas más drásticas que afectan a otros sectores, se antoja más difícil todavía de defender y justificar. Si es la fórmula secreta para doblegar la curva, echa la persiana y vámonos… a esquiar a Sierra Nevada. Ah, que ya la Junta ha rectificado y no se puede… Está a tiempo de hacer lo propio también con este despropósito.