Por Miguel Ángel Vázquez.
A los ojos de la ciudadanía sería irresponsable e inmoral no invertir todo los recursos públicos disponibles en hacer frente a la crisis como consecuencia del Covid-19. La principal urgencia que tiene la sociedad es frenar el avance del virus y superar cuando antes esta pesadilla. Ya se empieza a ver luz al final del túnel, la distribución de la vacuna desde finales de diciembre, si es que no se chafa el pronóstico, ha abierto una ventana de esperanza en las familias, que ya empiezan a sufrir la fatiga psicológica después de mucho tiempo de incertidumbre. Pero esta buena noticia no debe hacernos perder la perspectiva de que quedan aún varios meses duros en términos sanitarios y unos cuantos más para la reconstrucción económica y la recuperación del empleo perdido.
Con el horizonte tan complejo que tenemos aún por delante, no es de recibo que el Gobierno de Andalucía, formado por Partido Popular y Ciudadanos y aupado y sostenido por la extrema derecha, esté planteando aumentar el número de altos cargos de la estructura periférica de la Junta. Se pretende incrementar en tres el número de las delegaciones provinciales, pasando de siete a diez, con lo que se incorporarían a la nómina pública 24 altos cargos más y sus respectivos gabinetes.
Sólo la mera propuesta causa perplejidad y rechazo frontal. Con todas las necesidades que tiene la comunidad autónoma, ¿a qué marciano de la Junta de Andalucía se debe esta ocurrencia? A bote pronto, se observan mil destinos distintos y más útiles para estos fondos públicos. Desde la contratación de más sanitarios y docentes a regular ayudas para la hostelería, el turismo y los sectores más afectados; desde hacer más pruebas PCR al reparto gratuito de mascarillas; desde reforzar el apoyo a las familias que están en riesgo de exclusión al rescate de nuestro tejido industrial (por ejemplo, salvar a Abengoa); desde devolverle el dinero rapiñado a las universidades públicas andaluzas a articular incentivos para relanzar la cultura y la investigación… Hay tantas necesidades y tan poca respuesta por parte de la Junta que la simple intención de incrementar su estructura indigna y exaspera.
No es cuestión de hacer una crítica a favor de corriente buscando el aplauso fácil, ni de hacer el discurso demagógico que escupe Pablo Casado contra el Gobierno de España, sino de subrayar la inoportunidad del momento y de recordar la contradicción de la derecha andaluza en su larga etapa previa de oposición. Durante la crisis anterior, el entonces Gobierno socialista redujo a cinco las delegaciones en las provincias. Fue una medida inevitable para aminorar gasto pero restó eficacia a la gestión de una comunidad como Andalucía con más extensión y población que la mitad de los países de la UE. En 2015, se decidió aumentar en dos las delegaciones territoriales y el Partido Popular entonces se dedicó al populismo barato. En aquel momento escuchamos simplezas de los populares como que “se engorda la administración para ponerla al servicio del PSOE” y que “se prioriza el gasto político sobre el empleo y la inversión”. Bien se podrían aplicar ahora su propio discurso de no hace tanto tiempo.
No es de extrañar ni ese desahogo de las derechas ni la salida de pata de banco del gabinete que preside Juan Manuel Moreno Bonilla intentando contar con mayor número de altos cargos. En la primera ola del Covid-19, dedicó más de ocho millones de euros a propaganda y autobombo cuando los profesionales de la sanidad pública carecían del material básico para hacer frente a la pandemia. Ahora ponen sobre la mesa otra extravagancia cuando están la calle protestando los sanitarios, la comunidad escolar o los profesionales de hostelería. Se les pide sacrificios a los ciudadanos y se dispara con pólvora de rey en el Palacio de San Telmo.
David Allen, en su libro ‘Organízate con eficacia’, sostiene que “fijar prioridades presupone que hay cosas más importantes que otras, aunque ¿importantes en relación a qué”. Si pensamos en la preocupación de la ciudadanía en esta situación excepcional que vivimos, el Gobierno de Andalucía va a lo suyo y prioriza sin atender lo que realmente importa. Tiempo habrá de reforzar la estructura territorial de la Junta cuando superemos esta crisis sanitaria, económica y social por la pandemia. Ahora pensemos exclusivamente en la gente. No hay más prioridad que ésa.