Por Miguel Ángel Vázquez.
Las contrataciones en las administraciones públicas se han de regir por los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, seguridad jurídica y publicidad de la convocatoria y sus bases. La Junta de Andalucía, gobernada por las derechas, se está sirviendo de la situación extraordinaria generada por el Covid-19 para saltarse a la torera nuestro marco normativo con un procedimiento más que sospechoso de cubrir vacantes o nuevas necesidades. Se convocan plazas de forma exprés con tan sólo 24 horas para entrega de solicitudes y selección por estricto orden de llegada siempre y cuando se cumplan los requisitos. Se quedan así con las plazas los primeros que llegan sin valorar otros currículos más cualificados.
Tenía todo el sentido esta fórmula ágil y de urgencia a la hora de contratar sanitarios en los tiempos más duros de la pandemia. En esos momentos tan dramáticos una administración no se puede andar con demoras ni perderse en trámites burocráticos. Y así lo entendieron y suscribieron todos los sindicatos representados en la mesa de la función pública. Sin embargo, la vía rápida ha dejado de ser excepcional para convertirse en el método habitual y ordinario para cubrir cualquier tipo de puesto, desde archiveros a ingenieros de minas pasando por conservadores del patrimonio o técnicos de pesca. Una vez descubierto este atajo, el Gobierno andaluz lo está explotando mucho y sin recato.
La irregularidad salta a la vista hasta para un lego en derecho administrativo. Este modelo se presta a todo tipo de sospechas y genera una evidente indefensión para la inmensa mayoría de los aspirantes. Dice el refrán ‘piensa mal y acertarás’. Al no existir publicidad ni transparencia en la convocatoria, cualquier observador (y aún más un interesado) podría aventurarse a pensar que detrás de este sistema opaco se oculta una suerte de enchufismo.
A las muchas dudas que genera el procedimiento, se suma la exclusión de una serie de grupos de población de manera caprichosa. De esta forma, se ha dejado sin posibilidad de optar a una plaza a embarazadas o a mayores de 60 años. Con la falsa coartada de definirlos como colectivos vulnerables, el Gobierno andaluz perpetra un caso flagrante de discriminación.
Ante tantos excesos, algunos sindicatos ya han empezado a alzar la voz por prácticas que sólo tienen justificación en situación de emergencia y que podrían abonar un presunto nepotismo, que es una especie que crece con facilidad en lugares umbríos. UGT ha expresado su disconformidad y CCOO ha interpuesto una demanda por las contrataciones exprés ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Una reacción más que lógica porque la Junta está tensando la cuerda, abusando de la buena fe de los sindicatos firmantes y vulnerando los derechos de multitud de aspirantes a un empleo público. Si se calla y no se actúa, se acaba otorgando. ¡Avanti!