Una plaza, una cena y una pregunta incómoda sobre el uso privado del patrimonio público.
Por Gustavo de Medina
Hay debates que nacen de una fotografía. Y la imagen de estos días en Sevilla es difícil de ignorar: mesas, sillas, iluminación y una cena privada ocupando la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda.La ocasión era la celebración del XX aniversario de los Premios Escaparate. Un acontecimiento privado, con patrocinadores públicos y privados, que reunió a numerosos invitados y personalidades en uno de los escenarios más reconocibles de Sevilla.La polémica estaba servida.Pero creo que sería un error convertir este asunto exclusivamente en una discusión política, o en un juicio sobre una revista, sus invitados o sus patrocinadores. El debate verdaderamente interesante es otro y afecta a muchas ciudades españolas: ¿hasta dónde puede llegar la utilización privada de un espacio público y, especialmente, de un espacio que forma parte del patrimonio histórico de todos?Porque una plaza no es solamente el suelo que pisamos. Algunas plazas son, además, parte de la memoria colectiva de una ciudad.Y la Plaza Virgen de los Reyes es una de ellas.
EL PROBLEMA NO ES UNA CENA
Conviene empezar por una cuestión esencial: organizar eventos privados en espacios públicos no es, en sí mismo, algo excepcional ni necesariamente negativo.
Las ciudades necesitan actividad. Necesitan congresos, acontecimientos culturales, rodajes, presentaciones, celebraciones, actos empresariales y eventos capaces de generar actividad económica, empleo, promoción exterior y proyección turística.
Desde la perspectiva de quienes trabajamos en comunicación, turismo y organización de eventos, sería absurdo negar esta realidad.
El patrimonio puede y debe ser también un activo económico.
UNA PLAZA NO ES UN PALACIO
Aquí aparece la primera diferencia fundamental.
No es exactamente lo mismo utilizar para una cena un espacio patrimonial concebido y gestionado para acoger determinados acontecimientos que cerrar temporalmente una plaza que pertenece al sistema de espacios públicos de la ciudad.
La Plaza Virgen de los Reyes no es un recinto privado.
Es una plaza.
Y su valor no procede únicamente de su belleza arquitectónica o de su proximidad a la Giralda. Su valor reside también en que cualquier ciudadano puede caminar por ella, encontrarse con ella, fotografiarla, atravesarla o simplemente disfrutarla.
Cuando durante unas horas se instala allí un acontecimiento privado y se limita el acceso general, se produce una transformación temporal del carácter del espacio.
Y esa transformación puede estar legalmente autorizada. Pero que algo pueda autorizarse no significa que la sociedad no tenga derecho a debatir si debe autorizarse.
Esta distinción me parece fundamental.
LA LETRA PEQUEÑA TAMBIÉN IMPORTA
La controversia tiene, además, una dimensión jurídica que no conviene ignorar.
La Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico de Sevilla establece expresamente que queda prohibida la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para los eventos y actividades regulados por esa norma.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha defendido públicamente que la autorización concedida para el acto cumplía los requisitos de la propia ordenanza y que existían informes técnicos y jurídicos que avalaban la ocupación.
Por tanto, será necesario distinguir entre dos debates.
Uno es si la autorización fue jurídicamente correcta.
Otro, mucho más político y ciudadano, es si el modelo de utilización de estos espacios públicos es el que Sevilla quiere para los próximos años.
El primero corresponde a los técnicos, juristas y, llegado el caso, a los tribunales.
El segundo nos corresponde a todos.
¿PUEDE EL PATRIMONIO GENERAR DINERO?
Mi respuesta es sí.
Y además creo que debe hacerlo.
Una ciudad como Sevilla no puede limitarse a conservar su patrimonio como si fuera una pieza de museo. El patrimonio necesita mantenimiento, vigilancia, restauración, seguridad y recursos.
Y esos recursos cuestan dinero.
Por eso considero perfectamente razonable que determinados espacios monumentales puedan acoger actividades privadas, siempre que exista una regulación clara, se pague por su utilización cuando corresponda, se garantice la conservación y el beneficio para la ciudad sea transparente.
La Junta de Andalucía tiene, de hecho, procedimientos específicos para autorizar el uso de espacios vinculados al patrimonio histórico y contempla expresamente que las solicitudes indiquen si la actividad tiene finalidad lucrativa y cuál será su incidencia sobre el inmueble.
Ese es un camino perfectamente defendible.
El problema aparece cuando la rentabilidad económica o promocional comienza a convertirse en el criterio principal para decidir qué espacios públicos pueden ser utilizados privadamente.
Porque entonces corremos el riesgo de pasar de la puesta en valor del patrimonio a la mercantilización del espacio público.
LO QUE HACEN OTRAS CIUDADES
Y aquí Sevilla debería mirar alrededor.
Córdoba permite autorizaciones para la ocupación temporal de calles y plazas por particulares, empresas y organizaciones. Pero la propia administración establece que esas autorizaciones deben garantizar que el aprovechamiento privativo sea compatible con los usos comunes. Además, determinados usos están sujetos a tasas. Granada dispone igualmente de un sistema de ocupaciones temporales y de autorizaciones para actividades en la vía pública. Su ordenanza contempla incluso que las autorizaciones de ocupación especial o privativa se concedan en precario y puedan modificarse o anularse. Y su ordenanza fiscal diferencia las ocupaciones con finalidad económica de aquellas vinculadas al interés general o a determinadas actividades sociales.
Málaga también dispone de procedimientos específicos para actividades ocasionales en la vía pública y de una ordenanza fiscal que regula las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.
Y Madrid aplica igualmente un sistema de autorizaciones, documentación técnica, seguros y tasas para los actos que ocupan el espacio público. Su normativa diferencia, además, entre determinados usos de interés público y aquellos que implican un aprovechamiento particular.
Es decir, no estamos ante una cuestión exclusivamente sevillana.
La diferencia está en cómo se regula.
EL PATRIMONIO NO DEBE SER UN DECORADO
Aquí llegamos, en mi opinión, al verdadero fondo de la cuestión.
Durante años hemos hablado de Sevilla como destino turístico. Hemos aprendido a vender la Giralda, el Alcázar, la Plaza de España, Santa Cruz, Triana y nuestro patrimonio.
Y lo hemos hecho con éxito.
Pero ahora tenemos que plantearnos una segunda pregunta: ¿qué ciudad estamos construyendo detrás de esa imagen?
Porque una ciudad turística corre el riesgo de convertirse en una ciudad-escenario.
Y cuando eso ocurre, el patrimonio deja de ser el lugar donde vive la ciudadanía para convertirse exclusivamente en el decorado donde suceden acontecimientos.
No me parece un buen camino.
La Giralda no necesita una cena privada para ganar prestigio.
La Plaza Virgen de los Reyes tampoco.
El prestigio de Sevilla ya está ahí.
Lo que tenemos que conseguir es que cualquier acontecimiento que se celebre en sus espacios contribuya a reforzarlo y no genere la sensación de que determinados lugares de la ciudad pueden quedar temporalmente reservados para quienes tienen acceso a ellos.
TAMPOCO PODEMOS CAER EN EL EXTREMO CONTRARIO
Ahora bien, tampoco creo que la solución sea cerrar a cal y canto el patrimonio.
Eso sería un error.
Una ciudad dinámica necesita eventos.
Necesita inversión privada.
Necesita empresas.
Necesita patrocinadores.
Necesita comunicación.
Necesita turismo.
Y necesita saber convertir sus recursos culturales en actividad económica.
Quienes trabajamos en turismo y comunicación sabemos que un evento bien organizado puede proyectar una ciudad mucho más allá de sus fronteras.
El problema no es que una empresa privada participe en la gestión o financiación de un acontecimiento.
El problema aparece cuando el ciudadano deja de entender cuál es el retorno para la ciudad.
Por eso la transparencia resulta esencial.
CINCO PREGUNTAS PARA SEVILLA
Quizá esta polémica debería servir para que el Ayuntamiento se planteara cinco preguntas muy sencillas.
Primera: ¿qué espacios patrimoniales pueden acoger eventos privados y cuáles deben quedar fuera de cualquier utilización privativa?
Segunda: ¿qué criterios objetivos deben cumplir esos eventos?
Tercera: ¿qué precio debe pagar una empresa o entidad privada por utilizar un espacio público?
Cuarta: ¿qué retorno obtiene Sevilla a cambio?
Y quinta: ¿qué límites temporales y de aforo deben establecerse para garantizar que el ciudadano no pierda el uso común del espacio?
Si esas cinco preguntas tienen respuestas claras, buena parte de la polémica desaparecerá.
Porque el problema no es que exista una autorización.
El problema es que la ciudadanía debe poder entender por qué existe.
SEVILLA TIENE QUE DECIDIR QUÉ MODELO QUIERE
Hay otra cuestión que me preocupa especialmente.
Sevilla está experimentando una enorme presión turística. Los hoteles crecen, los apartamentos turísticos crecen, los eventos crecen y el centro histórico soporta cada vez más usos diferentes.
En este contexto, cada metro cuadrado de espacio público adquiere un valor extraordinario.
Por eso la gestión de ese espacio debe ser especialmente cuidadosa.
No podemos pedir al ciudadano que comprenda las molestias derivadas del turismo, los grandes eventos, los rodajes, las terrazas o las restricciones de movilidad y, al mismo tiempo, transmitirle la sensación de que determinados espacios de la ciudad están disponibles para usos privados sin una explicación suficientemente clara del beneficio colectivo.
Eso termina erosionando algo mucho más importante que una autorización administrativa: el sentimiento de pertenencia.
UNA PROPUESTA DESDE LA COMUNICACIÓN
Como consultor de comunicación y turismo, creo que Sevilla tiene aquí una oportunidad.
En lugar de limitarse a reaccionar ante cada polémica, debería crear un verdadero protocolo de utilización de espacios patrimoniales y singulares.
Un catálogo público.
Un mapa de espacios autorizables.
Un calendario.
Un sistema de tarifas.
Criterios objetivos.
Condiciones de conservación.
Limitaciones de montaje y desmontaje.
Límites de ocupación.
Y, sobre todo, transparencia sobre quién organiza el evento, cuánto paga y qué aporta a la ciudad.
Eso permitiría que empresas, agencias, organizadores de congresos y entidades culturales supieran desde el principio qué pueden hacer y dónde.
Y permitiría también que los ciudadanos supieran que su patrimonio no se entrega discrecionalmente, sino que se gestiona con reglas.
SEVILLA NO SE ALQUILA
La expresión puede parecer contundente, pero no significa que Sevilla no pueda ceder temporalmente determinados espacios.
Significa algo diferente.
Que Sevilla no debería poner precio a su identidad.
Que una plaza histórica no puede contemplarse solamente como metros cuadrados disponibles para una actividad.
Que la utilización económica del patrimonio debe estar subordinada a su conservación y a su función social.
Y que una ciudad turística no puede olvidar que antes que destino turístico es ciudad.
La Plaza Virgen de los Reyes seguirá estando ahí cuando desaparezcan las mesas, las sillas, las luces y los escenarios.
La Giralda seguirá contemplando desde arriba la vida de Sevilla.
Y ese es precisamente el motivo por el que debemos preguntarnos qué queremos que vea desde lo alto.
¿Una ciudad que sabe utilizar inteligentemente su patrimonio para generar actividad, empleo y riqueza?
O una ciudad que, poco a poco, convierte sus lugares más emblemáticos en escenarios disponibles para quien pueda pagarlos?
Probablemente la respuesta esté en un punto intermedio.
Patrimonio sí.
Actividad económica, también.
Eventos, por supuesto.
Pero siempre con una condición: que cuando termine el evento, la plaza siga siendo de todos.
Porque el patrimonio puede generar riqueza. Pero la identidad de una ciudad no debería ponerse en alquiler.